SANTO DOMINGO.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sostuvo que la aprobación de la Ley del Régimen Electoral no puede esperar, porque se necesita de manera urgente un instrumento legal para hacer las correcciones que amerita la recién aprobada Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.
El presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), explicó que se trata de un tema urgente y prioritario, “porque la Ley de Partidos por sí mismo, lo único que hace es crear distorsiones y problemas de cara a las elecciones que se avecinan”.
“Sin una ley nueva del Régimen Electoral que complemente y corrija las distorsiones de la Ley de Partidos, seguirán los mismos problemas que se han intentado resolver”, agregó.
Quique Antún explicó que por ello se hace prioritario que el Congreso Nacional se aboque cuanto antes a la aprobación de la Ley Electoral, que dijo es un reclamo de los diferentes sectores de la sociedad dominicana para garantizar que los procesos electorales sean más limpios, equitativos y transparentes.
Insistió que la Ley del Régimen Electoral es la base del sistema electoral dominicano, por lo que debe ser aprobada a la mayor brevedad posible.
“Por tanto, tener una nueva Ley de Partidos que es complementaria, y no contar con una nueva Ley del Régimen Electoral, es como si no tuviéramos nada”, expresó.
El líder del Partido Reformista pidió al presidente de la República, Danilo Medina, así como a las principales autoridades de las diferentes fuerzas políticas y a los órganos electorales “a unir esfuerzos y voluntad para que la Ley del Régimen Electoral sea aprobada antes de noviembre de este año”.
Entiende que constituye un contrasentido que se inicie la aplicación de la Ley de Partidos sin tener la Ley del Régimen Electoral, “ya que son dos leyes que se complementan, y una no puede subrogar a la otra”.
En ese sentido, explicó que existen profundas preocupaciones sobre la aplicación de la recién aprobada Ley de Partidos, debido a que “tal y como está aprobada, en vez de solucionar algunas de las distorsiones del sistema político y de la democracia, dicha Ley lo que contribuirá es a agravarlas”.
Antún Batlle sostuvo que en la Ley 33-18 no fueron solucionados temas como el de poner topes al financiamiento de las campañas o reducir los tiempos de las mismas, “que eran y siguen siendo aspectos de alta preocupación de los empresarios, las iglesias, grupos comunitarios, sociedad civil y actores relevantes que exigían la aprobación de la Ley de Partidos”.
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